El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes realizado, entre abril y junio de 2026, ha puesto en evidencia diferentes vulneraciones de derechos humanos contra la población migrante que permanecían parcialmente invisibilizadas y que vamos enumerar en este texto resumen:
1. La magnitud de la irregularidad era mucho mayor de lo estimado
El dato más llamativo es que el proceso recibió casi 1,2 millones de solicitudes, muy por encima de las previsiones iniciales del Gobierno (alrededor de 500.000). Esta cifra demuestra que existía una población mucho mayor viviendo y trabajando sin derechos plenos de lo que reflejaban las estadísticas oficiales. La regularización «afloró la realidad» de una economía que dependía de personas sin reconocimiento jurídico.
2. El proceso evidenció la precariedad estructural
El proceso también evidenció que miles de personas en situación irregular ya estaban plenamente integradas social y laboralmente, pero sufrían restricciones para acceder a derechos básicos.
- dependencia de empleos informales;
- dificultad para acceder a contratos dignos;
- inseguridad permanente respecto a la residencia;
- obstáculos administrativos que prolongaban la exclusión.
3. Las barreras burocráticas como forma de vulneración
Las personas que se sometieron al proceso además experimentaron:
- dificultades para conseguir citas;
- retrasos administrativos;
- requisitos documentales complejos;
- interpretaciones contradictorias de la normativa.
Actualmente numerosas empresas estan interpretando erróneamente la duración de los permisos provisionales, provocando despidos o incertidumbre laboral.
4. La regularización como acto de reparación
La regularización no debe entenderse únicamente como una política migratoria sino como un acto de reparación frente a años de producción institucional de irregularidad, considerando que habían:
- personas que llevaban años contribuyendo económicamente sin protección jurídica;
- familias enteras excluidas de derechos por su situación administrativa;
- obstáculos administrativos que continuaron limitando el acceso efectivo a la regularización;
- un contexto de judicialización y oposición política que añadía incertidumbre al proceso.
5. Derechos laborales y protección social
Otro aspecto común es que la regularización mostró cuántas personas estaban trabajando sin reconocimiento legal.
El Gobierno destacó que decenas de miles comenzaron rápidamente a cotizar a la Seguridad Social, mientras sindicatos y organizaciones empresariales señalaron que el proceso aportaba seguridad jurídica tanto para trabajadores como para empleadores. Al mismo tiempo, esta incorporación puso de manifiesto la dimensión previa del empleo informal.
6. La regularización dejó al descubierto desigualdades de género y formas específicas de violencia contra las mujeres
Uno de los aspectos menos visibilizados del proceso de regularización fue cómo los requisitos administrativos reprodujeron desigualdades de género ya existentes. Casos de madres que, para poder regularizar a sus hijos e hijas, tuvieron que negociar o incluso pagar a padres ausentes o irresponsables para obtener la autorización necesaria exigida por la Administración.
Esta situación evidenció que muchas mujeres migrantes, pese a asumir en solitario el cuidado y la manutención de sus hijos e hijas, seguían dependiendo jurídicamente de un progenitor que en numerosos casos había abandonado sus responsabilidades. La exigencia de determinados consentimientos o documentos permitió que algunos padres utilizaran esa posición para extorsionar económicamente a las madres o condicionar el ejercicio de los derechos de sus hijos e hijas.
Más allá de casos individuales, esta problemática puso de manifiesto que los procedimientos administrativos pueden generar impactos diferenciados según el género cuando no consideran las realidades de las familias monoparentales, la violencia económica o las relaciones de poder desiguales. En este sentido, el proceso de regularización también dejó al descubierto una vulneración indirecta de los derechos de las mujeres y de la infancia, al convertir un requisito administrativo en un mecanismo que podía facilitar situaciones de abuso y coerción.
Este hallazgo refuerza la necesidad de incorporar una perspectiva de género e infancia en los procedimientos de extranjería, garantizando que el acceso a la regularización no dependa de la voluntad de progenitores que han incumplido sus obligaciones parentales o que utilizan esa posición para ejercer control sobre las madres.
Las vulneraciones reveladas por la regularización no fueron solo laborales o administrativas, sino también familiares, de género y de protección de la infancia, ámbitos que han recibido menos atención en el debate público.
*¡Regularizar, es dignificar! es un proyecto financiado por PICUM.