ÁLVARO RUBIO – Cáceres – PERIÓDICO HOY
Por la oficina del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, una organización formada por mujeres que un día tuvieron que abandonar sus países y ahora viven en esta región, no paran de pasar extranjeros en busca de ayuda. Necesitan rellenar formularios o recabar documentos para lograr la regularización extraordinaria que ha puesto en marcha el Gobierno central y allí están encontrando una mano tendida.
Moverse en la maraña burocrática no es fácil y por ello esta organización, o Las Migrantas, tal y como se llaman en redes sociales, han creado un equipo de voluntarias que desde Mérida ayudan todas las tardes, de 17.00 a 20.00 horas, e incluso los sábados y domingos, en este proceso por el que se prevé que se beneficien unas 3.000 personas en esta región, que actualmente es la comunidad autónoma que menos población extranjera recibe. De hecho, no llega ni al 5% del total. En concreto, se sitúa en el 4,62%, muy lejos del 16,37% de la media nacional.
Es un batallón de mujeres que desde una oficina de la calle Antonio Pacheco dan apoyo a quienes, al igual que ellas, un día tuvieron que abandonar sus países porque estaban perseguidas por gobiernos o grupos paramilitares. Otras escaparon de la violencia y dejaron atrás las amenazas de muerte para intentar empezar una nueva vida.
Ellas ya llevan años en Extremadura y han regularizado su situación. Por ello, desde su experiencia, saben cómo acompañar a través de una organización que ha sido autorizada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para asistir a las personas extranjeras en esta regularización extraordinaria que empezó el 16 de abril.
Hay muchas más repartidas por todo el país y también por Extremadura, pero esta agrupación, con quince voluntarias, sabe perfectamente cómo se sienten los extranjeros que ahora pueden conseguir sus papeles.
Sus heridas son similares, tal y como detalla Maryórit Guevara, nicaragüense que llegó a España en enero de 2019 y ahora vive en Mérida. Tras dejar su país, solicitó la protección internacional y se le concedió en agosto de 2020.
Persecución política
«En 2018 hubo una crisis sociopolítica debido al descontento de la población frente a la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como periodista, hacía un trabajo crítico y eso me puso en el foco. Así que comencé a recibir amenazas de muerte. Llegaron a colocar en redes sociales la dirección de mi casa para matarme junto a mí y a mi hijo de cuatro años», relata esta mujer que salió de Nicaragua el 24 de diciembre de 2018 rumbo a El Salvador, donde estuvo una semana. «Luego llegué a España con tres maletas y sin un plan específico. Empecé a hacer redes y contacté con compañeras y una familia de Aldeanueva de la Vera que me dio refugio durante cuatro meses», relata.
Seguidamente pasó a formar parte del programa de apoyo al refugiado. La primera fase, siete meses, los vivió en un hostal de Cáceres gracias a la asociación Accem, y la segunda la pasó en el centro de acogida de migrantes de Mérida, donde estuvo también más de medio año.
Gran vulnerabilidad
Seguidamente fue cuando empezó a crear lo que hoy se denomina el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura. «Muchas de quienes lo integramos hemos sufrido el racismo, la xenofobia y diferentes violencias que nos ponen en un contexto de mayor vulnerabilidad», explica Maryórit.
«Todas hemos pasado ya por un proceso migratorio y estamos intentando tener nuestros proyectos de vida en Extremadura, pero hay muchas dificultades de acceso al empleo», añade. «Esto nos hace ponernos en los zapatos de la otra. Nos enfrentamos a un montón de obstáculos visibles e invisibles y podemos apoyar a quienes están pasando por lo mismo», explica.
«Hemos vivido esta incertidumbre, pero una vez que te dicen que te han concedido la protección la vida te cambia. Y esa sensación que tuve en ese momento sabemos que la están teniendo muchos ahora tras no poder acceder a derechos básicos», comenta mientras Tania Irías, que coordina la agrupación, asiente con la cabeza.
Es ingeniera informática y también acabó en Extremadura tras recibir el asilo por su oposición al régimen de Nicaragua. «Es muy bonito acompañar a mujeres cuyos hijos están en el proceso de regularización. Para mí significa recordar lo que viví», dice Irías.
«Es salud garantizada, tener médico de cabecera, poder moverse en libertad con sus hijas o hijos o incluirlos en la Seguridad Social. Es alquilar un piso como titulares, es poder pedir un contrato de trabajo si el miedo constante a recibir amenazas o a ser denunciada por estar en situación irregular. Y para las niñas y niños es salir del margen, en muchos sentidos; es crecer sintiéndose, al menos, en igualdad de derechos», añade poco antes de que Yerlin Corea, también nicaragüense, relate que está en situación irregular desde hace un año.
«Mi hermana, que ya estaba en España, me ayudó a venir. He trabajado en la ayuda a domicilio, interna, muchas horas, y aquí empecé a labrarme una nueva vida con más oportunidades», comenta.
Y es que la mayoría de las que llegan a Extremadura se mueven en el ámbito de los cuidados de otras personas mientras sus propios derechos siguen sin ser reconocidos. «No hablamos solo de explotación en el ámbito laboral formal o de redes abusivas, sino también de una normalización social de estas desigualdades. En muchos casos son vecinas y vecinos quienes se benefician de su trabajo sin reconocerlo como empleo digno, perpetuando la informalidad, la desprotección y la invisibilidad», explica Irías.
Complicaciones en menores
Todas coinciden en que el principal escollo para la regularización extraordinaria se está dando en los menores. «Muchas mujeres que tienen hijos sufren dificultades porque los padres ausentes no les están dando el permiso para regularizar a los pequeños», afirman las voluntarias. «Muchas han tenido que pagar para obtener una firma que beneficia a hijas e hijos de los que, en muchos casos, ese padre no se hace cargo», denuncian.
Y es que precisamente la autorización por parte de los dos progenitores para regularizar a los menores en España es un requisito indispensable en este proceso. «Si hay disputa, se necesitará resolución judicial firme a favor del progenitor solicitante», afirma el abogado Alejandro Javier Katibi Fernández, especialista en Extranjería con un gabinete que dispone de sedes en Badajoz, Cáceres y Madrid.
Solo el año pasado atendió a mil migrantes en situación administrativa irregular. De ellos, 400 en Extremadura. Y en los últimos días son muchos los procesos que ha puesto en marcha por la regularización exprés del Gobierno central. En estos días, en su gabinete no paran de trabajar.
Aunque el plazo para presentar solicitudes acaba el 30 de junio, hay que recopilar documentos para que todo esté correcto. «Hay días que nos vamos a las once de la noche, además de sábados y domingos, y también estamos yendo a localidades como Cáceres, Jerez de los Caballeros, Deleitosa, Guadalupe o Plasencia, entre otras», dice Maryórit, que apunta que ya han atendido a más de cien personas en el marco de este proceso extraordinario.
Las voluntarias que lo están haciendo posible son sobre todo de Nicaragua, Colombia, Venezuela o Perú. Y también de esas zonas son principalmente quienes solicitan la regularización en Extremadura.
Violencia
«Salí huyendo de la violencia de género y no quería que mi hijo sufriera», cuenta una peruana que llegó a España en diciembre de 2024. «Pedí el asilo y ahora podré beneficiarme de la regularización. Ya la he solicitado y ahora estoy ayudando a otras personas a pedirlo», detalla una de las mujeres que forma parte de Las Migrantas.
Como ella, Juliana Córdoba, de Colombia, llegó a España buscando un lugar más seguro en el que vivir. «Soy de Buenaventura y era imposible tener un futuro en una ciudad llena de bandas paramilitares. Yo quería estudiar y trabajar, pero era imposible», dice al referirse a su ciudad natal, donde hay bandas criminales que se disputan el control del narcotráfico y la extorsión.
«Me mudé a Cali, pero la situación no mejoró y vi la opción de migrar a España. Allí no puedes pasear tranquila por la calle a cualquier hora», lamenta.
«Ahora ya estoy regularizada y brindo apoyo a quienes también han tenido que abandonar su país», añade. Para Juliana, al igual que para Maryórit, Tania y muchas como ellas, migrar es un derecho y ningún ser humano es ilegal.
La mayoría de solicitudes realizadas desde Extremadura son de hispanohablantes
A. RUBIO – Cáceres
La mayoría de las solicitudes de regularización de migrantes desde Extremadura pertenecen a personas llegadas desde América Latina y, en concreto, de países hispanohablantes. De hecho, es la comunidad de migrantes más amplia que vive en la región. De las 1.006.789 personas que residen en Extremadura, un total de 46.556 proceden de otros países, según la Estadística Continua de Población con los últimos datos del INE a fecha de enero de 2026. Y de ellos 14.207 son hispanohablantes.
Sobre todo proceden de Venezuela, Colombia y Perú, aunque también llegan de países de Centroamérica, como Honduras.
Colombia y Venezuela
Es una tendencia que se repite cada año. Es más, el mayor número de migrantes llegado a Extremadura en el cuarto trimestre de 2025 procedió de Colombia y Venezuela. Se asientan en las grandes ciudades de la región como Badajoz y Cáceres, aunque también hay extranjeros que lo hacen en la zona de Campo Arañuelo, pero en ese caso sobre todo es población marroquí y argelina. Además, a Tierra de Barros llegan personas de origen rumano. En este caso, al ser un país comunitario no se enfrentan a un proceso tan arduo para regularizar su situación.
La mayoría huyen de guerras, situaciones económicas extremas o catástrofes naturales que han destruido el lugar en el que nacieron. Empiezan un viaje incierto en su búsqueda de una vida más segura.