El Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, una organización conformada íntegramente por mujeres que han vivido procesos migratorios y han construido sus proyectos de vida en la región extremeña, se posiciona como un actor clave en el actual proceso de regularización extraordinaria en España, acompañando a mujeres y sus familias en situación administrativa irregular.
Desde su experiencia situada, @LasMigrantas cómo se posicionan en redes sociales, no solo colabora en la orientación y acompañamiento de mujeres e infantes de origen migrante, también reconoce el valor en la defensa de los derechos humanos de este proceso que en Extremadura alcanzará a un promedio de 3000 personas de las 5000 que están en situación irregular.
“Este proceso, largamente reivindicado por colectivos migrantes, representa una oportunidad histórica para garantizar derechos básicos a miles de personas. En este marco, hemos activado nuestra equipo y red de socias voluntarias —muchas de ellas con experiencia propia en procesos de regularización— para acompañar y agilizar la tramitación de solicitudes, reforzando un dispositivo comunitario de apoyo cercano y eficaz” , indicó Maryórit Guevara, presidenta de Las Migrantas.
Por ello, han ampliado sus horarios de atención entre 17 horas hasta 20 horas de lunes a viernes, así como sábados y domingos debido a que es una “jornada de voluntariado”.
Un proceso que debe poner la vida en el centro
Las Migrantas insisten en que la regularización no puede entenderse únicamente como un trámite administrativo, sino como una cuestión de justicia social, derechos humanos y dignidad. Garantizar la documentación es también garantizar acceso a derechos, protección frente a abusos y posibilidad real de participación en la sociedad.
“Para las mujeres que tienen adolescentes y que están estudiando, significa que puedan seguir formándose, que no tengan que abandonar la escuela”, explica Tania Irías, coordinadora de Las Migrantas.
“Es salud garantizada, tener médica o médico de cabecera, poder moverse en libertad con sus hijas e hijos, alquilar un piso como titulares, incluir a sus hijos e hijas en la Seguridad Social”.
Irías subraya también el impacto en el ámbito laboral: “Es poder pedir un contrato de trabajo sin el miedo constante a recibir amenazas o a ser denunciada por estar en situación irregular”. Y añade: “Para las niñas y niños es salir del margen, en muchos sentidos; es crecer sintiéndose, al menos, en igualdad de derechos.
No obstante, también señala algunos de los retos que atraviesan muchas mujeres en este proceso: “Para quienes tienen infancias a su cargo, conseguir los permisos del otro progenitor ha supuesto un gran peso mental y económico. Muchas han tenido que asumir solas ese coste, incluso llegando a pagar para obtener una firma que beneficia a hijas e hijos de los que, en muchos casos, ese padre no se hace cargo”, denuncia.
Desde Extremadura, las mujeres migrantes organizadas continúan tejiendo redes, sosteniendo la vida y defendiendo un modelo de sociedad más justo, inclusivo y libre de discriminaciones, por lo que reiteran la ‘gratuidad’ de la tramitación de la regularización y por supuesto del Certificado de Vulnerabilidad, el cual realizan como entidad colaboradora.
Las mujeres migrantes: sostén invisible y derechos pendientes
Guevara subraya que las mujeres migrantes, especialmente muchas latinoamericanas en situación administrativa irregular, sostienen el sistema de cuidados en Extremadura en condiciones de profunda precariedad.
“Son mujeres que cuidan la vida de otras personas mientras sus propios derechos siguen sin ser reconocidos. No hablamos sólo de explotación en el ámbito laboral formal o de redes abusivas, sino también de una normalización social de estas desigualdades: en muchos casos, son vecinas y vecinos quienes se benefician de su trabajo sin reconocerlo como empleo digno, perpetuando la informalidad, la desprotección y la invisibilidad”, explica.
Fieles al lema “Nada para nosotras sin nosotras”, Las Migrantas reivindican el papel protagonista de las mujeres migrantes en la definición de políticas públicas que afectan directamente a sus vidas. Frente a discursos que las sitúan como sujetas pasivas, sostienen procesos de organización, incidencia política y construcción de alternativas desde lo colectivo y desde la experiencia vivida.
En este marco, instan a las administraciones públicas a garantizar un proceso de regularización accesible, ágil y con enfoque de derechos; a reconocer el papel esencial de las redes comunitarias en el acompañamiento; y a incorporar de forma efectiva una mirada interseccional, feminista y antirracista en las políticas migratorias.
Porque sin derechos no hay integración posible, y sin reconocimiento no hay justicia: regularizar es garantizar vida digna, y la vida —también la que cuidan— no puede seguir siendo invisible.