A 2 de abril de 2026, la regularización ya no es una promesa, ni una consigna repetida en pancartas, ni una discusión atrapada en los pasillos del Congreso. Es un proceso en marcha. Tiene cifras, plazos y también incertidumbres.
El Gobierno calcula que podrían presentarse hasta 750.000 solicitudes. De esas, unas 500.000 podrían resolverse favorablemente. Más del 30%, reconoce, quedarán fuera. No es una puerta abierta: es un procedimiento con condiciones.
La medida apunta a dos grupos: personas solicitantes de protección internacional que llegaron antes del 1 de enero de 2026, y personas extranjeras que puedan demostrar que llevan al menos cinco meses viviendo en España antes de iniciar el trámite.
Si la solicitud se admite, hay algo que cambia de inmediato: la posibilidad de trabajar legalmente. Y eso, para muchas, no es un detalle técnico. Es la diferencia entre sobrevivir y poder empezar a vivir.
Pero esta historia no empieza aquí.
No empezó en un despacho ni en una rueda de prensa. Empezó mucho antes, en reuniones pequeñas, en asambleas, en redes que se tejieron desde abajo. Empezó en 2020, cuando el movimiento RegularizaciónYa decidió nombrar lo que durante años se había naturalizado: que había cientos de miles de personas viviendo en España sin derechos plenos, sosteniendo la vida cotidiana desde la precariedad.
Desde entonces, la demanda fue creciendo. Cambió el lenguaje. Cambió el marco. Ya no se trataba solo de “inmigración”, sino de derechos, de ciudadanía, de quién tiene derecho a existir con dignidad.
El 9 de abril de 2024 ocurrió algo que parecía improbable: el Congreso aceptó debatir una Iniciativa Legislativa Popular para una regularización extraordinaria. 310 votos a favor. Un rechazo. El momento fue leído como una apertura. Como si, por fin, la conversación hubiera entrado en la institución.
Ahí no terminó nada. Ahí empezó otro tiempo: el de la espera.
La ILP avanzó lento, casi a rastras. Prórrogas, negociaciones, tensiones. En septiembre de 2024 se desbloqueó el periodo de enmiendas, pero el horizonte seguía lejos. Durante 2025, la sensación dominante fue otra: estancamiento. Una demanda viva, pero atrapada.
Hasta que algo se movió.
Entre el 26 y el 27 de enero de 2026, el Gobierno decidió tomar otra vía. Un acuerdo político abrió la puerta a una regularización extraordinaria mediante real decreto. No era el camino parlamentario clásico. Era más rápido. También más directo. Y, sobre todo, era ejecutable.
Ahí la demanda dejó de ser solo una posibilidad. Se convirtió en política pública.
¿Y qué significa todo esto para las personas migrantes?
Significa salir, al menos en parte, de la cuerda floja. De la vida suspendida.
Significa poder firmar un contrato sin miedo, alquilar una habitación sin esconderse, abrir una cuenta bancaria sin sentirse fuera de lugar. Significa poder empadronarse sin que cada trámite sea una batalla.
No es una solución total. No desmantela el racismo institucional ni corrige todas las grietas del sistema de extranjería. Pero reduce algo muy concreto: la vulnerabilidad que produce vivir sin papeles en un sistema que te necesita, pero no te reconoce.
Y hay algo más que conviene decir sin rodeos.
Esta regularización no trae a nadie nuevo. No hay una llegada masiva. No hay un traslado. No hay una “ola”.
Las personas de las que se habla ya están aquí. Han estado aquí. Cuidando, limpiando, cosechando, cocinando, construyendo. Lo único que cambia es el papel que define su existencia frente al Estado.
Cambian los derechos. No las personas.
Por eso les dejamos tres bulos que conviene desmontar
“Es una regularización masiva sin control”
No lo es. Es extraordinaria, sí, pero no automática. Exige pruebas, requisitos, tiempos. No todas las solicitudes serán aprobadas. De hecho, muchas quedarán fuera. Hablar de “sin control” es una forma de distorsionar el proceso.
“¿Y dónde van a ubicar a toda esa gente?”
No hay que ubicar a nadie. Esa gente ya vive aquí. Está en los barrios, en las escuelas, en los trabajos que sostienen lo cotidiano. La regularización no mueve cuerpos: mueve derechos.
“Ahora van a poder votar”
Tampoco. Tener autorización de residencia no equivale a tener nacionalidad ni derecho automático al voto. Son procesos distintos, con requisitos distintos. La regularización no convierte a nadie en elector.
En medio del ruido, el debate se ha llenado de miedo. Pero lo que está en juego es más simple de lo que parece: reconocer derechos a quienes ya forman parte de este país, aunque durante años se haya preferido no nombrarlo así.
La regularización no crea esa realidad sino que la hace visible.
Y también deja otra evidencia: que las personas migrantes organizadas —las que marcharon, las que firmaron, las que insistieron cuando parecía que no pasaba nada— lograron algo difícil. Mover una conversación que durante demasiado tiempo se quiso mantener cerrada.
Ahí, quizás, está el verdadero cambio.
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- “Regularizar es Dignificar”, es un proyecto financiado por PICUM, Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados.